domingo, 3 de octubre de 2010

PAPEL PRENSA Y PERFILUna historia de aprietes Los cambios de mano en Papel Prensa En David Graiver, el banquero de los Montoneros, Juan Gasparini cuenta el oscuro traspaso de activos de Papel Prensa a lo largo de su historia: José Gelbard se la dio a Graiver; cuando Graiver murió, la dictadura facilitó la compra de sus acciones por Clarín, La Nación y La Razón. Y ahora los Kirchner presionan a Clarín y a La Nación. El libro está agotado y se puede consultar en www.juangasparini.com.ar Por Juan Gasparini Si éstas paredes hablaran. Una de las entradas a la compañía argentina que produce papel, que está en el ojo de la polémica por el traspaso de sus acciones durante la dictadura. En mayo de 2007 publiqué David Graiver. El banquero de los Montoneros, un libro periodístico hoy dificil de encontrar. Reúno en este artículo los pasajes dispersos de aquella investigación sobre la historia de la empresa Papel Prensa, que controlara el fenecido banquero David Graiver, presuntamente liquidado en México el 7 de agosto de 1976, a raíz de una sospechosa catástrofe aérea. Su muerte inesperada a la edad de 35 años, precipitó al derrumbe un imperio valuado en 200 millones de dólares, constituido por bancos y sociedades en Argentina, Bélgica y los Estados Unidos. Sus herederos y allegados fueron secuestrados por la dictadura militar y, en cautiverio, sufrieron vejámenes, perdiendo la libertad durante varios años. En una operación de traspaso concluida por entonces, los diarios La Nación, Clarín y La Razón se adueñaron de la mayoría accionaria de Papel Prensa, proyecto destinado a suministrar la materia prima a periódicos y revistas nacionales. Se acaba de lanzar súbitamente la polémica: ¿hubo expolio mediante desposesión violenta, o la transacción fue regular y voluntaria, consecuencia de una coyuntura crítica en un grupo económico decapitado? Sería útil comenzar recordando que en esa fecha José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein manejaban la economía nacional por mandato de las Fuerzas Armadas, quienes habrían forzado la venta del paquete hegemónico de acciones de Papel Prensa, aprovechando la iliquidez de su principal fuente de estabilidad, es decir Lidia Papaleo de Graiver, la viuda que representaba a su extinto marido. Funcionarios del Ministerio de Hacienda indujeron el monto de 8.300.000 dólares, un precio muy inferior al real. El gobierno en poder de una Junta de Comandantes era, después de Graiver, el segundo titular en cantidad de acciones. En ese contexto habría impuesto sus condiciones bajo presión de no dar quórum a una Asamblea General de Accionistas prevista para el 3 de noviembre de 1976, probablemente amenzando con quitarle su retazo a la sucesión del malogrado banquero. No debieron ser ajenos a la coordinación necesaria de una carpintería financiera y represiva de tal envergadura, el general José Villareal, en la Secretaría de la Presidencia, que ejercía Jorge Rafael Videla, y los asesores civiles, Rosendo Fraga y Ricardo Yofre. Tampoco el general Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y su alter ego, el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, cabecillas en los suplicios que padecerían los Graiver y su entorno. Cualquiera haya sido el grado de eventual responsabilidad individual de los genocidas en la ominosa faena, adaptaron a la “lucha antisubversiva” el dispositivo que utilizara Graiver en un marco diferente y por medios distintos, para hacerse con Papel Prensa pocos años antes. Al parecer y hacia diciembre de 1973, José Ber Gelbard, ministro de Economía de Juan Domingo Perón, sometió a un ahogo “reglamentario” a Cesar Augusto Civita y la Editorial Abril, los que terminaron cediendo el 51% de las acciones de Papel Prensa. El 26% se los quedó Graiver, el 25% el Estado, y el 49% restante se distribuía entre 30.000 particulares. Graiver cubrió la posición privilegiada obtenida, con créditos oficiales granjeados por Gelbard. La Nación, Clarín y La Razón apelaron a una ingeniería aproximada, beneficiándose con un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo. También los asistieron el Banco Español del Río de la Plata y el Banco Holandés Unido de Ginebra, sin contar una clausula de salvaguarda que impedía al Estado emprender estudios técnicos sobre el financiamiento. Los tres cotidianos asimismo obtuvieron que no se les exigiera el cumplimiento en término de las obras, una enorme planta en proceso de construcción al morir Graiver. Su proposito era monopolizar la producción de papel de diario en Argentina con tecnología local, combinando la pasta química (fibra larga obtenida de coníferas) con pasta mecánica (fibra corta obtenida de salicáceas). Pretendía alcanzar a producir 105.600 toneladas anuales de papel, desplegando 40.000 metros cuadrados de usinas y 150 hectáreas de forestación, inicialmente valuadas en 62 millones de dólares. La fábrica en la localidad bonaerense de San Pedro se inauguró el 27 de septiembre de 1978. Las actas del traspaso se confeccionaron desde el 3 de noviembre de 1976, a la hora señalada para reunir a los accionistas, y el 18 de enero de 1977, cuando las partes contractuales realizaron un acto solemne en oficinas de La Nación, calle Florida entre Corrientes y Sarmiento de la Capital Federal. La viuda de David Graiver ratificó su capitulación en el despacho del doctor Bartolomé Mitre, a quien acompañaban Patricio Peralta Ramos de La Razón, y Héctor Magnetto, de Clarín, donde fuera invitado Máximo Gainza Paz, de La Prensa. Quizá planeaba en la sala el fantasma del abogado Marcos Satanowsky, asesinado en junio de 1956 por sicarios de la Revolución Libertadora, al negarse a ceder las acciones de La Razón. El 8 de marzo de 1977, Camps y Etchecolatz desencadenaron el “Operativo Amigo”, un nombre acuñado indudablemente en venganza contra un banquero que los burlara vinculándose con los Montoneros, haciéndose pasar por devoto de la religión dictatorial. Ese día raptaron a Juan Graiver, padre de David. El 14 de marzo le llegó el turno a Lidia Papaleo y a sus dos secretarias, Silvia Fanjul y Lidia Angarola. Las capturas de Isidoro, el hermano de David, y de Eva, la madre de ambos, se concretaron el 17 de marzo. Sin transición los sucedieron otras personas tenidas por cercanas o relacionadas con la aventura financiera de Graiver. Jorge Rubinstein, segundo al mando en vida de David, sucumbió en la tortura. Edgardo Sajón, otrora alto cargo de la precedente dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, fue abatido en la clandestinidad. El 19 de abril de 1977, a los desaparecidos hacía un mes “por izquierda”, se los blanqueó “por derecha”, en una teatral conferencia de prensa de la cúpula del Ejército, entrándole publicamente al saqueo del conjunto de sus pertenencias. Videla, Viola, y los generales Luciano Adolfo Jáuregui, jefe de Operaciones, y Carlos Alberto Martínez, jefe de Inteligencia, asumieron los prisioneros, y tildaron post mortem a David Graiver de “subversivo” y “corrupto”. Las confesiones de los suyos arrancadas bajo apremios ilegales en campos de concentración fueron recicladas como declaraciones en sede policial, siendo legitimadas por Martín Berruezo, un subcomisario instructor. Le dio cobertura de secretario el oficial subinspector Juan José Fantozzi. Retomó esos papeles el general de brigada Oscar Bartolomé Gallino, quien el 27 de mayo de 1977, sobre la base de directivas resueltas por sus superiores de facto, elevó los resultados de su “prevención” al general Carlos Guillermo Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército. En 35 carillas historió la versión castrense de lo sucedido y puso a disposición del Poder Ejecutivo a 24 personas. El teniente coronel Alberto A. Spangenberg, asesor jurídico de esa comandancia, elaboró el dictamen 19.536, fundamentando en 13 folios la incriminación de “asociación ilícita” y “encubrimiento”.

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