200 años después Una interminable sucesión de desencuentros. Una eterna repetición de episodios con matices de comedia o de tragedia. Una larga y a menudo monótona secuencia de odios y rencores viscerales. Un ansia irrefrenable de mirar siempre hacia atrás, de revolver cuestiones que creíamos sepultadas, pero que reaparecen con fuerza arrolladora como si se tratara de acontecimientos recientes. Una acuciante vocación por endilgarle responsabilidades a los que ya no están, a los que se fueron o a los que se repliegan para luego volver. Una fluida necesidad de vituperar al contrincante. Un impiadoso anhelo de eliminar a quienes piensan de otra manera. Una búsqueda implacable de culpables. Una alevosa manía por agraviar al adversario, por mancillar su honor, por desprestigiarlo, por invadir ferozmente sus flancos más sensibles, por denigrarlo. Una artera demostración de ingenio para herirlo con motes y apodos humillantes. Una sorprendente astucia para desligarse de los errores y horrores cometidos. Una férrea cadena de egoísmos, insensateces y terquedades. Una grandiosa hipocresía para sumergirse en las aguas tibias del olvido cuando acechan las tormentas. Una vergonzosa picardía para apropiarse de lo que no les corresponde, para hacer pingües negocios con los fondos públicos, para enriquecerse desmesuradamente en tiempo récord. Una clara intención de cometer los más crueles desatinos con el patrimonio nacional. Una asombrosa habilidad para cambiar de bando, para traicionar a sus mentores, para borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Una exquisita selección de promesas rociadas con frases complacientes, expresiones altisonantes y gestos de circunstancia que mutarán hasta límites insospechados cuando llegue el turno de apoltronarse en el poder. Una recurrente necesidad de cautivar a las masas con dádivas miserables. Una torpe urgencia por fingir, por ocultar la verdad, por fraguar cifras o datos fehacientes. Un abrumador catálogo de ejemplos que no se cumplen. Una constante indolencia por las prioridades de las personas más vulnerables. Un marcado fervor por aferrarse a los cargos públicos. Una tenaz costumbre por transgredir las leyes. Una sórdida tendencia a someter a la Justicia. Una curiosa indulgencia para condonar a los causantes de tantos males. Una injusta pereza para honrar la memoria de nuestros legítimos héroes. Una manifiesta sensación de que todo importa más que la Patria. En este año del Bicentenario consideramos que resulta imprescindible mirarnos hacia adentro. Para saber qué nos pasó y para entender que nada ha sido casual. Que desde el fondo de la historia se han repetido hasta el hartazgo algunas de las situaciones que hemos planteado y que exponemos detalladamente en la sección “Grandezas y miserias de civiles y militares” con la humilde pretensión de no volver a equivocarnos. Con la no menos candorosa intención de contribuir al diseño de un país que, por fin, se decida a gestar su madurez y donde todos, más allá de sus ideologías, avancen en una misma dirección. Siempre mirando hacia adelante. Y nos pareció oportuno compartir esta experiencia que se vivió en una Olimpíada Especial celebrada en los Estados Unidos. Creemos que sintetiza ese espíritu colectivo y solidario que hemos soslayado a lo largo de doscientos años. Y que necesitamos incorporar cuanto antes. Nueve participantes, todos con deficiencias mentales o físicas, se alinearon para dar la largada en una carrera de cien metros llanos. Al sonar la señal, todos salieron, no exactamente a una gran velocidad, pero con la voluntad de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y, dentro de lo posible, ganar la competencia. Todos, con la excepción de un muchacho que tropezó, se cayó al piso y comenzó a llorar. Los otros ocho escucharon el llanto. Disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. Entonces todos ellos, uno a uno, se detuvieron y dieron la vuelta. Una de las participantes, con síndrome de Down, se inclinó, le dio un beso al muchacho y le dijo simplemente: “Listo, arriba, ahora vas a ganar”. Y los nueve se tomaron de las manos y caminaron juntos hasta la meta. El estadio entero se puso de pie y la ovación duró una eternidad. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Y las personas que estaban allí continuaron repitiendo esa historia hasta hoy, quizá convencidos de que habían asistido a un espectáculo memorable. O con la certeza de que fueron testigos de un episodio que quedó grabado ejemplarmente en sus corazones. Aquellos atletas eran deficientes mentales... Pero con seguridad no eran deficientes en sensibilidad. ¿Por qué? Porque, allá en el fondo, todos sabemos que lo importante en esta vida es ser más que un ganador solitario. Al fin de cuentas, lo que importa en esta vida es ayudar a los otros a vencer, aunque esto signifique disminuir el paso y cambiar el rumbo. El Director | |
| A mediados de abril comenzará a vencer, como todos los años, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales. En esta nota incluimos un resumen de los puntos más relevantes de estos impuestos y los cambios acontecidos para este año. Impuesto a las ganancias: Deben presentar declaración jurada del impuesto, todas aquellas personas que obtengan ingresos superiores al mínimo no imponible que actualmente está en la bajísima suma de 9 mil pesos anuales más las cargas de familia (ejemplo: esposa diez mil pesos anuales; hijos 5 mil pesos anuales cada uno). En este universo incluimos, comerciantes, profesionales independientes, cuentapropistas, locadores de inmuebles, socios de sociedades de hecho, etcétera. La metodología de pago consiste en determinar un resultado del ejercicio por la diferencia entre ingresos y gastos deducibles, aplicándose una tasa proporcional del 9 al 35 por ciento sobre ese neto gravado y se abona o no el impuesto respectivo. . La no presentación de DD JJ a la AFIP, además de ser multada implica, como consecuencia más grave, el no poder justificar la tenencia de los bienes que se poseen, ya uno no dice qué ingresos obtuvo. No deben presentarla los incluidos en el monotributo y los empleados en relación de dependencia que no superen los 144 mil pesos de ingresos brutos anuales. En el caso de los empleados, es el empleador el que “retiene” y paga mensualmente el impuesto respectivo, cuando corresponda. Y en los monotributistas dicho impuesto está incluido en la cuota fija que todos los meses abonan. Para este año no se ha aumentado el mínimo no imponible, aunque es de aplicación plena el efecto de la desaparecida “tablita de Machinea” lo que significa una reducción del impuesto a pagar anual. Impuesto a los bienes personales: Deben presentar declaración jurada de este impuesto, todos aquellas personas que tengan bienes (gravados) al 31 de diciembre de cada año superiores a 305 mil pesos, según las normas de valuación del impuesto, abonándose el 0,5 por ciento por los bienes que superen los 305 mil pesos y sean menores a 705 mil pesos y el 0.75 por ciento de lo que supere los 705 mil pesos, también hay tasas de 1 y 1.50 por ciento para patrimonios superiores. También deben presentar, con carácter informativo, declaración jurada todos aquellos empleados en relación de dependencia que hayan tenido en el año 2009 sueldos brutos (se incluyen tiquets, aguinaldo y otros beneficios) superiores a 96 mil pesos. La AFIP cuenta con bases de datos informáticas donde constan los datos de todos los bienes registrables y cuentas bancarias que tienen todos los habitantes del país, y en muchos casos “invitará” mediante una carta a presentar dicho impuesto. Inmueble: se valúan a su valor de compra en pesos del momento de compra (no deben actualizarse a ninguna conversión dólar actual) o su valor fiscal, el que fuere mayor Automotores: se valúan a valor de compra o valores según tabla de la DGI, el que fuere mayor. Estos bienes tienen que incorporarse en el activo durante cinco años, por lo que si usted tiene un auto que lo adquirió hace más de cinco años su valor es impositivamente cero. Ahorros en pesos o dólares: si están en cuentas bancarias de ahorro o plazos fijos se encuentran exentos, o sea se declaran pero no pagan impuesto alguno. Si estuvieran en cajas de seguridad o en el “colchón”, así como en cuentas corrientes, deben declararse y pagan impuesto. Acciones–Bonos: se valúan a su valor de mercado, pero están exentos. Bienes del hogar: la ley hace una presunción del 5 por ciento del total de bienes gravados, pero si da un valor mayor debe declararse el mayor. Bienes conyugales / Bienes propios: en los casos de matrimonios es el marido quien debe presentar declaración jurada por los bienes propios de él y por la totalidad de los bienes gananciales, no pudiendo subdividirse entre los cónyuges. Si la mujer superara con sus bienes propios los 305 mil pesos será ella la que presente DD JJ por sus bienes propios. Ante cualquier inquietud en cuanto a si corresponde o no presentar el impuesto, no dude en consultar con un profesional especializado en el tema. Dr. Darío A. Consiglieri Contador Público | |
lunes, 11 de octubre de 2010
200 AÑOS.
BASE DE DATOS ELECCIONES 2009
http://www.argentinaelections.com/2008/12/candidatos_2009.php
En Argentina Elections estamos formando una base de datos de las campañas de todos los candidatas/os a senadoras/es y diputadas/os nacionales para las elecciones del 28 de junio del 2009....
CARBONE CARBONE
Se ha promovido juicio político al:
· Juez Dr. Franciso Trovato (D-4584/96)
· Juez al Juez Norberto Oyharbide (D-2622/98).
...
* Juez Juez en lo penal económico, Guillermo Tiscornia.
* Juez titular del Juzgado Federal Nacional Civil y Comercial Nro. 1 De la Cap. Fed. Dr. Edmundo Carbone.
* Juez del Tribunal Oral Nro. 1 en los Penal Económico, Dr. Jorge Pisarenco.
* Juez de Instrucción penal Dr. Héctor J. Ramos.
* Juez Federal de la ciudad de Dolores, Pcia. de Bs. As., Dr. Hernán Bernasconi.
* Camaristas Federales Sergio Dugo y Roman Julio Frondizi de la Cámara Federal de la Plata
* Sres. Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en los contencioso administrativo federal Dres. Carlos Grecco y Luis Otero.
* Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Adolfo Vázquez.
* Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Guillermo López.
· Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Antonio Boggiano Dr. Gustavo Smuclir (D-2623/98)
· Juez Dr. Franciso Trovato (D-4584/96)
· Juez al Juez Norberto Oyharbide (D-2622/98).
...
* Juez Juez en lo penal económico, Guillermo Tiscornia.
* Juez titular del Juzgado Federal Nacional Civil y Comercial Nro. 1 De la Cap. Fed. Dr. Edmundo Carbone.
* Juez del Tribunal Oral Nro. 1 en los Penal Económico, Dr. Jorge Pisarenco.
* Juez de Instrucción penal Dr. Héctor J. Ramos.
* Juez Federal de la ciudad de Dolores, Pcia. de Bs. As., Dr. Hernán Bernasconi.
* Camaristas Federales Sergio Dugo y Roman Julio Frondizi de la Cámara Federal de la Plata
* Sres. Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en los contencioso administrativo federal Dres. Carlos Grecco y Luis Otero.
* Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Adolfo Vázquez.
* Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Guillermo López.
· Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Antonio Boggiano Dr. Gustavo Smuclir (D-2623/98)
LA LEY DE GLACIARES
Conozca la ley de Glaciares que sancionó este jueves el Senado |
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| 30-9-2010 |
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A continuación, Parlamentario.com publica el proyecto de ley consensuado entre el diputado Miguel Bonasso y el senador oficialista Daniel Filmus. RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Art. 3º – Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Art. 4º – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. Art. 5º – Realización del Inventario.- El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario. Art. 6º – Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial. b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos. c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial. d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente. Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: a) De rescate, derivado de emergencias; b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente. Art. 8º – Autoridades competentes. A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales. Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. Art. 10. – Funciones. Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación: a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias; b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático; c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla); d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación; e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares; f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación; g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la presente ley; h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: a) Apercibimiento; b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso; d) Cese definitivo de la actividad. Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental. Art. 13. – Responsabilidad Solidaria. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley. Art. 14. – Destino de los importes percibidos. Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones. Art. 15. – Disposición transitoria. En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3 en un plazo no mayor de 180 días. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera. Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el articulo 2 las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan. Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Art. 17.- La presente ley se reglamentará en el plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. |
PRE-SUPUESTOS
Según
los datos de la página del MECON, tomando el presupuesto aprobado
(crédito original) esta fue la evolución de presupuesto del Poder
Judicial los ultimos años (en pesos):
...
2003_______________________ 731.179.133
2004______________________ ..._ 726.072.905
2005_______________________ 884.290.933
2006_______________________ 1.216.666.875
2007_______________________ 1.565.098.881
2008_______________________ 1.892.359.145
2009_______________________ 2.577.064.365
2010_______________________ 3.249.380.272
Crédito propuesto
por el PEN para
el 2011______________________ 4.572.460.472
http://www.cij.gov.ar/nota-5072-Un-juez-de-Dolores-frena-el-cambio-de-grilla-de-television.html
LA PLATA DE LOS JUBILADOS
LA PLATAhttp://tirandoalmedio.blogspot.com/2010/07/la-plata-de-los-jubilados.html
Jueves 8 de julio de 2010
La plata de los jubilados
Acá está la nota que le acaba de hacer Víctor Hugo Morales a José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera a raíz de la denuncia que presentó por estafa y asociación ilícita contra el grupo Clarín y el Banco JP Morgan. El temita ese de las acciones que los jubilados pagaron alrededor de 30 pesos y luego cayeron a seis ¿Te acordás?
ZAFARONI Y EL PROCURADOR
EL PAIS › EL JUEZ DE LA CORTE SUPREMA RAUL ZAFFARONI HABLA SOBRE EL CASO DEL PROCURADOR DE SANTA CRUZ
“Una solución política o ninguna”
El ministro del máximo tribunal asegura que no estudió la cuestión de fondo, que el fallo ordena ejecutar una sentencia que ya estaba dictada pero que el “imperium” de la Corte para hacer cumplir el fallo se agotó.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni explica que esta semana el máximo tribunal no ordenó reponer a Eduardo Sosa como procurador de Santa Cruz sino que reclamó que se ejecute una vieja sentencia dictada en ese sentido. “Decidimos disponer que la Justicia federal decida si el gobernador ha desobedecido el mandato de la Corte o si realmente no tiene posibilidad de cumplirlo”, señala. Y dice que la situación “a estas alturas o tiene una solución política dentro del ámbito de competencia del Poder Legislativo o no tiene ninguna”.
–El gobernador de Santa Cruz y el jefe de Gabinete afirmaron que la Corte incurrió en un exceso al entrometerse en cuestiones de derecho público provincial al disponer que Eduardo Sosa fuese repuesto como procurador de Santa Cruz.–No sé, quizá tengan razón. No abro ningún juicio acerca del derecho del Dr. Sosa a ser repuesto en su cargo. No estudié el caso, lo que objetan es una sentencia pronunciada y firme años antes de la actual integración de la Corte.
–¿Pero cómo? ¿La Corte Suprema no resolvió eso?
–Sí, la Corte Suprema lo resolvió pero mucho antes de que yo y la mayoría de sus actuales ministros la integrara. No recuerdo la fecha, pero desde hace siete años integro la Corte y nos hallamos con una sentencia firme que disponía la reintegración del Dr. Sosa al cargo. No me ocupo de estudiar casos resueltos, ni creo que mis colegas hagan eso, tenemos bastante con las sentencias que debemos pronunciar para ocuparnos de las ya pronunciadas con otra integración de la Corte. Eso sólo tendría interés académico, como caso de laboratorio en la Facultad de Derecho. Nosotros nos encontramos con una sentencia firme que disponía el reintegro del Dr. Sosa a sus funciones. No tenemos competencia para revisar sentencias firmes de nuestro propio tribunal, salvo los casos especiales y excepcionalísimos. No sé, si la víctima de homicidio aparece viva y nos saluda, pero nada más. Por eso le digo que no abro juicio sobre la sentencia ni sobre lo que le observan el gobernador de Santa Cruz ni el jefe de Gabinete, no podría abrir juicio responsablemente aunque lo quisiera, porque no he leído la causa ni tenía ninguna necesidad de hacerlo.
–Entonces ¿qué fue lo que resolvió la Corte ahora?
–Desde hace siete años estoy en la Corte. Frente a una sentencia firme nuestro objetivo era que la sentencia se ejecutase, porque, le reitero, es una sentencia firme y las sentencias firmes deben ejecutarse. Nuestro problema era cómo ejecutarla. Tuvimos audiencias, hicimos todo lo posible para ejecutarla, pero el Dr. Sosa quiere ser repuesto en el cargo y el gobernador responde que no puede reponerlo, que envió un proyecto a la Legislatura, que ésta no trató y que al parecer tampoco satisface al Dr. Sosa y, por ende, manifiesta que no puede cumplir la sentencia de la Corte. Llevamos siete o más años en esto, uno que pretende ser repuesto en el cargo, otro que responde que no puede reponerlo, y pese a todas las audiencias e instancias que hemos agotado, cada uno se mantiene en su posición sin ceder un milímetro. Esta es la situación a la que habíamos llegado. Nuestro “imperium” para hacer cumplir la sentencia de reposición del Dr. Sosa en el cargo está agotado.
–¿Y entonces?
–Entonces decidimos admitir que se nos ha agotado el “imperium” y disponer que la Justicia federal decida si el gobernador en realidad ha desobedecido el mandato de la Corte o si realmente no tiene posibilidad de cumplirlo. En el primer caso será procesado y en el segundo será sobreseído. Es lo correcto, simple y sencillamente.
–¿Y la remisión al Congreso?
–Bueno, si llegamos a la conclusión de que hay una sentencia firme de la Corte –buena o mala, no lo sé, no la estudié ni tengo por qué hacerlo, pero es sentencia firme– y se nos agota el “imperium” para su ejecución, de lo cual dan cuenta más de siete años de trámite, que son los que a mí personalmente me constan y no sé los anteriores, es natural que le informemos a la representación directa del pueblo y de las provincias que se ha producido esta situación, que a estas alturas o tiene una solución política dentro del ámbito de competencia del Poder Legislativo o no tiene ninguna.
–¿Y cuál es la solución política en el ámbito del Congreso?
–No lo sé, no somos nosotros los que podemos decirle al Congreso lo que debe o puede hacer, nos limitamos a ponerlo en conocimiento de la situación, por demás original, por cierto.
–Dijo que puede haber una solución política o ninguna. ¿Y si no hubiese ninguna?
–Si no hubiese ninguna será necesario sacar el lápiz y anotarlo, para que lo tengan en cuenta algún día quienes se encarguen de alguna futura reforma constitucional. Si tuviésemos un tribunal constitucional que claramente fuese competente para resolver los conflictos de poderes no me cabría la menor duda de que sería materia propia de este tribunal, pero no lo tenemos. De cualquier manera, ésa es una cuestión que no nos compete a nosotros, sino al Congreso, si es que hay una solución dentro de nuestra estructura institucional vigente. Insisto en que no me corresponde y sería un osado si pretendiese marcarle pasos al Congreso de la Nación. La Corte no lo ha hecho y personalmente no cometo la osadía de hacerlo, ni como juez ni como académico. Respeto el ámbito de competencia de cada poder. El Congreso sabrá si tiene facultades para decidir algo o si también se agotó su “imperium”, porque es quien tiene la representación primaria de todos nosotros, los ciudadanos.
ANSES Y EL PORQUE DEL 82
ECONOMIA › EL PREVISIONALISTA SERGIO BOBROVSKY CRITICA EL PROYECTO DEL 82 POR CIENTO MOVIL
“No alcanza con decir que la plata está”
Bobrovsky es uno de los abogados más prestigiosos en materia de jubilaciones. Sus denuncias llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ese respaldo, analiza la ley del 82 por ciento y revisa pasado y presente del mundo previsional.
Por David CufréSergio Bobrovsky tiene una larga historia como defensor de las causas de los jubilados. Como abogado previsionalista, uno de los más prestigiosos, en 1995 consiguió llevar la problemática de los adultos mayores hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo de la OEA aceptó una denuncia suya y de Horacio González –abogado de la CTA– por violación a los derechos humanos de ese sector durante el menemismo. Recién en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner aceptó la responsabilidad del Estado por el trato a los jubilados y accedió a negociar un acuerdo para una solución amistosa. El proceso concluyó el 4 de noviembre pasado con la firma del convenio, en el cual el Poder Ejecutivo asume una serie de compromisos para reparar los daños de tantos años. Con esa trayectoria sobre sus espaldas, Bobrovsky se permite ser categórico al opinar sobre el tema previsional más importante del momento: el proyecto de ley del 82 por ciento móvil. “Es un mamarracho”, lo califica, en entrevista con Página/12, y revisa pasado y presente del mundo de los jubilados.
–¿Por qué no le gusta el proyecto del 82 por ciento?
–Yo también quiero el 82 por ciento móvil, y no sólo para la jubilación mínima, para todas. Lo que hay que debatir es cómo llegar a eso. El proyecto que se votó en Diputados no me parece una solución. Por muchas razones. La primera es que no tiene ninguna sustentabilidad económica. No alcanza con decir que la Anses tiene plata o que el Estado tiene plata, porque hay un incremento fenomenal de las erogaciones sin fuentes de financiamiento estables. Es un mamarracho.–El Grupo A dice que la Anses tiene un fuerte superávit para pagar.
–La plata que tiene la Anses es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero eso es un stock. No se puede afrontar un flujo permanente y creciente de gastos con un stock, porque al cabo de un tiempo, que pueden ser dos o tres años, el stock se acaba y el gasto queda.–El proyecto también modifica la fórmula de movilidad de las jubilaciones. ¿Cuál es su opinión?
–Todavía no se demostró que el mecanismo que propone la oposición, que es el Indice General de Remuneraciones (IGR), sea mejor que la fórmula vigente. Hay que esperar dos o tres años y ver qué pasa.–La fórmula actual viene dando mayores aumentos que los que hubiera arrojado el IGR.
–La fórmula no es condenable. Algunos podrán decir que el Gobierno dio la movilidad por la presión de la Corte Suprema. Todo lo que quieran, pero otros también estuvieron presionados y no hicieron nada. Lo voy a comparar con uno de los grandes totems de la democracia argentina como lo fue Raúl Alfonsín. En 1986, cuando la Corte Suprema dictó el fallo Rolón Zappa que les reconocía derechos a los jubilados, el gobierno de Alfonsín rápidamente dictó el decreto 2196 que declaró la emergencia previsional y suspendió la liquidación de sentencias por cinco años.–¿Qué decía el fallo?
–Decía que le tenían que pagar de acuerdo con la movilidad establecida por ley, y que si bien el régimen de movilidad podía cambiar, no lo podía hacer en una medida tal que fuera confiscatoria. Pero la historia no termina ahí. Como la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto 2196, Alfonsín sacó otro decreto, el 648, que decía más o menos lo mismo pero acortaba los plazos. Y después, cuando la Corte estaba por declarar inconstitucional este segundo decreto, el gobierno hizo aprobar la ley 23.568 que estableció el pago de sentencias judiciales dentro de los tres años, el 50 por ciento en los primeros 18 meses y el otro 50 por ciento en los segundos 18 meses.–Con Menem a los jubilados les fue todavía peor.
–Lo primero que hizo el gobierno de Menem fue un convenio para pagar las sentencias en 15 cuotas, pero con quita. Después asumió Cavallo, anuló el acuerdo y sacó el tema de los bonos que fue un escándalo mayúsculo. En lugar de reconocer las deudas en efectivo dispuso que los jubilados cobraran con bonos a diez años, que empezaban a cortar cupón recién al principio del séptimo año. Los jubilados no tenían más remedio que vender, y en ese momento les daban el 30 por ciento como mucho. El sector financiero que compró los títulos a 30 terminó cobrando la totalidad de los cupones y se llevó más del ciento por ciento en dólares. Fue un gigantesco negocio financiero a costa de los jubilados. Todo eso ocurrió durante el menemismo, cuando Duhalde era vicepresidente y aliado, y ahora se rasga las vestiduras por el 82 por ciento.–Usted denunció esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
–Fue una denuncia por violación a los derechos humanos de los jubilados y pensionados que hicimos con Horacio González. Desde 1995 hasta 2003, todos los gobiernos negaron que se estuvieran vulnerando derechos de los jubilados. El primero que dio un paso para tratar de buscar una solución fue Néstor Kirchner. El 17 de octubre de 2003 el Gobierno se presentó ante la comisión y aceptó en nombre del Estado que había una situación muy complicada. Entonces se inició un proceso de solución amistosa que se terminó de firmar ahora, el 4 de noviembre del año pasado.–¿En qué consiste el acuerdo?
–El Estado asume una serie de compromisos. Un punto fundamental es que la Anses se obliga a pagar las sentencias judiciales dentro de los 120 días hábiles de recibido el expediente de la Justicia.–¿Se está cumpliendo?
–En algunos casos sí, en muchos otros no. Se avanzó bastante en lo que es modificación normativa a favor de los jubilados, pero otra cosa es la conducta administrativa de la Anses. Las sentencias se están pagando mal. Se están liquidando 1200 por mes, cuando lo habitual hace un año eran 2500 y en la época de Massa se llegaron a pagar 3000. Es un tema a mejorar, sin duda. Pero volviendo al tema del 82 por ciento, a mí me aterran los jubilados nuevos, porque los viejos la vivieron, la sufrieron de una manera terrible con Alfonsín, Menem, la Alianza y Duhalde. Los jubilados de los últimos siete años sólo han conocido cómo les fue en el baile con los Kirchner. Entonces, no les va tan bien, es cierto. No les dan todo lo que se merecen, es cierto. Yo tengo muchas cuentas pendientes con la Anses. Pero en comparación con los que estuvieron antes es como el famoso aforismo de Perón: “Nosotros fuimos malos, los que vinieron después –en este caso antes– fueron peores, lo que nos convierte en óptimos”domingo, 10 de octubre de 2010
FONTEVECHIA Y PAPEL PRENSA OPINION
No hace trampa quien puede ganar sin ella. El mal es otra forma de pobreza, una carencia de recursos. Es el atajo que utiliza la ambición cuando la capacidad es inferior a ella.
Por Jorge Fontevecchia
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| Jorge Fontevecchia | |
Moreno creyó que con sólo advertirles a los funcionarios citados que “afuera están mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos a quien hable” alcanzaba. Creyó que con “sus muchachos” no hacía falta gastar esfuerzos en inteligencia previa. Y se llevó un chasco porque el licenciado Carlos Collasso, consejero titular de vigilancia de la empresa Papel Prensa representando al Estado, pero ex empleado de Multicanal, la primera empresa de cable de Clarín, denunció frente a un escribano público lo que había escuchado. Por ejemplo: “Que era su intención (de Moreno) que el Estado sea el que compre las acciones de Papel Prensa a los privados (...) que luego de preguntar por el valor de las acciones manifestó que había que encontrar el modo de hacerlas bajar o si no el Estado iba a tener que expropiar la sociedad”.
Al poco elaborado método que usa Moreno para lograr su objetivo se agrega que su objetivo parte de un error de diagnóstico. Papel Prensa representa para Clarín hoy una ventaja competitiva menor de lo que fue durante las tres décadas de su existencia, porque la crisis mundial, que redujo el consumo de todo, sumada a la sustitución de lectores de papel por lectores de Internet, hizo que desde fines de 2008 el precio internacional del papel se desplomase, y la misma tonelada de papel para diarios por la que se pagó 860 dólares hoy se puede comprar hasta por la mitad.
En enero, mientras esa tonelada de papel importado costaba 860 dólares, la de Papel Prensa se vendía a 610 dólares a aquellos clientes que no fueran sus accionistas que, como es sabido, son los diarios Clarín y La Nación. Al ser más barato que el papel importado, hasta enero Papel Prensa no les vendía a todos los que quisieran comprarle. De las 170 mil toneladas que fabrica por año, 40 mil son consumidas por La Nación, 100 mil por Clarín y apenas 30 mil se venden a otros diarios . El resto de los diarios compra su papel en el exterior; el total de esas importaciones fue 84 mil toneladas en 2008, y se prevé que esa cantidad se reduzca a la mitad en 2009.
A lo largo del año el precio del papel no sólo bajó sino que la relación entre el precio de Papel Prensa y el papel importado se invirtió. Lo mismo que sucede con la nafta, que sube o baja junto con el petróleo en el resto del mundo pero su precio en la Argentina no se modifica, pasa con el papel importado, que bajó el 36% mientras el de Papel Prensa bajó sólo el 11% (siempre para clientes que no sean Clarín y La Nación) y hoy se vende a 610 dólares la tonelada cuando el papel importado se vende a 550 dólares. Corolario: ahora que su papel es más caro, Papel Prensa sale a ofrecerlo a todos los diarios cuando hasta enero era imposible comprarle.
Que el papel de Papel Prensa sea hoy el 11% más caro que el importado no quiere decir que Clarín y La Nación lo paguen más caro, porque el precio del papel para sus accionistas es de 500 dólares, todavía el 10% más barato que el importado.
Pero en el pasado esa diferencia de precio fue en promedio 30% más barato, llegando en los momentos de grandes devaluaciones a costar la mitad. Esto benefició a Clarín en mucho mayor proporción que a La Nación, que consume sólo un tercio de Clarín. Pagar el papel entre un tercio y la mitad fue una ventaja competitiva insuperable para cualquier competidor, y cuanto mayor fuera la cantidad de ejemplares a imprimir, peor era la situación del diario que compitiera con Clarín. Por ejemplo, Crónica, que cuando se fundó Papel Prensa vendía 700 mil ejemplares por día contra 300 mil de Clarín, fue cayendo progresivamente hasta ser hoy menos del 10% de aquella venta, mientras Clarín aumentó respecto de hace treinta años.
En un diario como Crónica el papel llegaba a representar más de la mitad de todos los costos, y al pagar hasta el doble de precio por él, tuvo que vender un diario con la mitad de páginas de Clarín pero al mismo precio. Así, a lo largo de las décadas, muchos de los lectores que iba perdiendo Crónica se pasaron a Clarín porque les daba más por menos. Después de una generación acostumbrada a Clarín, ¿quién podría cambiar ese hábito? Hasta Crónica terminó vendiéndose a un grupo de sindicalistas afines a Moyano.
Cuentas claras. Si Clarín no tuviera Papel Prensa gastaría 10 millones de dólares más en papel por año por mayor precio.
Pero además tendría que tener un stock de dos meses más de papel, que hoy no necesita porque siendo el dueño de la fábrica no precisa cubrirse frente a la falta de provisión. Dos meses son 17 mil toneladas, a 500 dólares cada una, son otros 8,5 millones de dólares que debería inmovilizar. Quizá comenzando a abrir el paraguas, hace tres días, justo después de haberse difundido el exabrupto de Moreno, Clarín salió a comprar 15 toneladas de papel al mercado internacional, después de no haber comprado ni una sola en los nueve meses de 2009, y logró comprarle a la fábrica canadiense Abitibi 5 mil toneladas a sólo 450 dólares cada una (el precio normal es 500 dólares la tonelada, pero como Abitibi atraviesa un concurso de acreedores bajó 10% más su precio, pero sólo por esa partida, y no podría regularmente abastecer a ese precio).
Además, Clarín, en lugar de pagar el papel entre 90 y 120 días, como hoy se lo cobra Papel Prensa, pasaría a pagar al contado (o a inmovilizar crédito en cartas de crédito). Tres meses y medio de crédito de consumo de papel equivalen a pagar anticipadamente otras 30 mil toneladas, que a 500 dólares cada una suman otros 15 millones de dólares de caja.
En síntesis, habría una pérdida económica de 10 millones de dólares anuales por mayor precio, más una inmovilización de caja por mayor stock y pago no financiado de otros 18,5 millones de dólares (8,5 y 10 millones, respectivamente). En total, un primer año de Clarín sin que existiera Papel Prensa le quitaría 28,5 millones de dólares, más de cien millones de pesos.
Pero si el Estado comprase a los privados Papel Prensa, Clarín recibiría por el pago de sus acciones en esa empresa aproximadamente 42 millones de dólares. En el pasado, las fábricas de papel de diario valían el equivalente a las ventas de dos años de papel, pero con la crisis mundial se valúan según las ventas de un año. Papel Prensa, que fabrica 170 mil toneladas anuales a 500 dólares cada una, alcanza ventas anuales –y al mismo tiempo un valor de compañía– de 85 millones de dólares. Clarín tiene el 49% de las acciones, por tanto le corresponderían 42 millones de dólares.
Se podría decir que con lo que cobraría por la venta de sus acciones cubriría el agujero de caja que le generaría el capital de trabajo por mayor stock y el pago al contado del papel más la pérdida de poco más de un año. Si a los 42 millones de dólares que recibiría se le restaran los 28,5 de capital de trabajo, quedarían sólo 13,5 millones de dólares para una pérdida anual por mayor precio de 10 millones de dólares por año. Al segundo año, Clarín comenzaría a tener un flujo neto negativo, habiéndose consumido 42 millones de dólares de su patrimonio.
A estudiar. Si el licenciado Moreno hubiera estudiado –como hace cualquier banco de inversión– el negocio sobre el que desea intervenir, tomándose el tiempo de consultar a los expertos de venta, fabricación y consumo de papel en Argentina, hubiera obtenido estos datos y en lugar de apelar a bravuconadas hubiera podido construirse un diagnóstico que le permitiera trazar un plan.
Si los recursos no fueran un problema, éste sería el mejor momento para comprar una fábrica de papel porque el precio es el menor. No hay necesidad de “encontrar el modo de hacerlas bajar (el precio de las acciones) o si no el Estado iba a tener que expropiar la sociedad” por varios motivos. Primero porque el precio ya es bajo para los volúmenes de dinero que está acostumbrado a manejar el Estado, y no resulta conveniente tener comportamientos patoteros que destruyan aún más el prestigio del Gobierno por hacer descender el 20 o el 30 por ciento de los eventuales 42 millones de dólares que debería pagarle a Clarín y los 19 millones de dólares que proporcionalmente le corresponderían a La Nación por sus acciones, si la valuación total de la empresa fuera de 85 millones de dólares. Papel Prensa no es Aerolíneas Argentinas, donde las cifras alcanzan los 1.000 millones de dólares: tiene mucho valor para los diarios pero poco precio en términos macroeconómicos.
Y segundo, porque ni Clarín ni La Nación van a vender acciones de Papel Prensa a ningún precio, porque ya han rechazado ofertas de compra de empresas extranjeras como la noruega Norske Skog, que compró la papelera chilena Bio-Bio, y la brasileña Pisa. Tanto Bio-Bio como Pisa producen 200 mil toneladas, cifras similares a las de Papel Prensa. La brasileña Pisa fue un caso similar al de Papel Prensa, porque fue fundada en el estado de Paraná, fronterizo con la provincia de Misiones, hace también tres décadas, por dos diarios: O’Estado de São Paulo y O’Globo, de Río de Janeiro.
La única forma que el Estado tiene para quedarse con el 72% de las acciones que le falta para ser dueña del 100% de Papel Prensa será consiguiendo que el Congreso vote su nacionalización, algo que sólo podría –y remotamente– lograr antes del próximo diciembre, porque ni a Clarín ni a La Nación les convendría venderla a ningún precio.
Sí podrá el secretario de Comercio molestar, como denunció el consejero de Papel Prensa Carlos Collasso ante escribano al decir que “el licenciado Moreno habló también del Sindicato del Papel, manifestando que iba a llevar a Papel Prensa a los sindicatos y en especial a los agresivos, con intención de que hagan manifestaciones e intervengan la sociedad con huelgas”, como también denunciar sobre contaminación e incumplimiento de normas ambientales de su fábrica.
El último temor que le queda a Clarín trasciende lo económico. Así como muchos importadores se quejan de que la Aduana no les aprueba las licencias automáticas de importación (área que supervisa directamente Moreno) y, por ejemplo, no se consiguen neumáticos de autos importados, o los muebles demoran ocho meses en ser liberados del puerto, algo similar podría suceder con el papel importado una vez que eventualmente el Estado hubiera nacionalizado Papel Prensa.
Actualmente, el papel está dentro de las partidas arancelarias que no requieren autorización previa de importación, pero bastaría una mera reclasificación para que Moreno pudiese regular la cantidad de papel que dispondría cada diario volviendo a lo que hizo Perón en los años 50, cuando no se fabricaba papel en el país y todo era importado, apelando a un organismo centralizador de importaciones –IAPI–, que lograba que el diario opositor La Prensa padeciera tal desabastecimiento que sólo podía aparecer con cuatro páginas diarias. Si bien esa amenaza afecta a todos los diarios, quien más la sufriría sería Clarín, porque su modelo de negocios es el de utilizar más intensivamente el papel como ventaja comparativa frente a sus competidores, porque es el que siempre da más.
PAPEL UNA HISTORIA DE APRIETES JUAN GASPARINI
Los cambios de mano en Papel Prensa
En David Graiver, el banquero de los Montoneros, Juan Gasparini cuenta el oscuro traspaso de activos de Papel Prensa a lo largo de su historia: José Gelbard se la dio a Graiver; cuando Graiver murió, la dictadura facilitó la compra de sus acciones por Clarín, La Nación y La Razón. Y ahora los Kirchner presionan a Clarín y a La Nación. El libro está agotado y se puede consultar en www.juangasparini.com.ar
Por Juan Gasparini
Si éstas paredes hablaran. Una de las entradas a la compañía argentina que produce papel, que está en el ojo de la polémica por el traspaso de sus acciones durante la dictadura.
Sería útil comenzar recordando que en esa fecha José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein manejaban la economía nacional por mandato de las Fuerzas Armadas, quienes habrían forzado la venta del paquete hegemónico de acciones de Papel Prensa, aprovechando la iliquidez de su principal fuente de estabilidad, es decir Lidia Papaleo de Graiver, la viuda que representaba a su extinto marido. Funcionarios del Ministerio de Hacienda indujeron el monto de 8.300.000 dólares, un precio muy inferior al real. El gobierno en poder de una Junta de Comandantes era, después de Graiver, el segundo titular en cantidad de acciones. En ese contexto habría impuesto sus condiciones bajo presión de no dar quórum a una Asamblea General de Accionistas prevista para el 3 de noviembre de 1976, probablemente amenzando con quitarle su retazo a la sucesión del malogrado banquero.
No debieron ser ajenos a la coordinación necesaria de una carpintería financiera y represiva de tal envergadura, el general José Villareal, en la Secretaría de la Presidencia, que ejercía Jorge Rafael Videla, y los asesores civiles, Rosendo Fraga y Ricardo Yofre. Tampoco el general Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y su alter ego, el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, cabecillas en los suplicios que padecerían los Graiver y su entorno. Cualquiera haya sido el grado de eventual responsabilidad individual de los genocidas en la ominosa faena, adaptaron a la “lucha antisubversiva” el dispositivo que utilizara Graiver en un marco diferente y por medios distintos, para hacerse con Papel Prensa pocos años antes.
Al parecer y hacia diciembre de 1973, José Ber Gelbard, ministro de Economía de Juan Domingo Perón, sometió a un ahogo “reglamentario” a Cesar Augusto Civita y la Editorial Abril, los que terminaron cediendo el 51% de las acciones de Papel Prensa. El 26% se los quedó Graiver, el 25% el Estado, y el 49% restante se distribuía entre 30.000 particulares. Graiver cubrió la posición privilegiada obtenida, con créditos oficiales granjeados por Gelbard. La Nación, Clarín y La Razón apelaron a una ingeniería aproximada, beneficiándose con un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo. También los asistieron el Banco Español del Río de la Plata y el Banco Holandés Unido de Ginebra, sin contar una clausula de salvaguarda que impedía al Estado emprender estudios técnicos sobre el financiamiento.
Los tres cotidianos asimismo obtuvieron que no se les exigiera el cumplimiento en término de las obras, una enorme planta en proceso de construcción al morir Graiver. Su proposito era monopolizar la producción de papel de diario en Argentina con tecnología local, combinando la pasta química (fibra larga obtenida de coníferas) con pasta mecánica (fibra corta obtenida de salicáceas). Pretendía alcanzar a producir 105.600 toneladas anuales de papel, desplegando 40.000 metros cuadrados de usinas y 150 hectáreas de forestación, inicialmente valuadas en 62 millones de dólares. La fábrica en la localidad bonaerense de San Pedro se inauguró el 27 de septiembre de 1978.
Las actas del traspaso se confeccionaron desde el 3 de noviembre de 1976, a la hora señalada para reunir a los accionistas, y el 18 de enero de 1977, cuando las partes contractuales realizaron un acto solemne en oficinas de La Nación, calle Florida entre Corrientes y Sarmiento de la Capital Federal. La viuda de David Graiver ratificó su capitulación en el despacho del doctor Bartolomé Mitre, a quien acompañaban Patricio Peralta Ramos de La Razón, y Héctor Magnetto, de Clarín, donde fuera invitado Máximo Gainza Paz, de La Prensa. Quizá planeaba en la sala el fantasma del abogado Marcos Satanowsky, asesinado en junio de 1956 por sicarios de la Revolución Libertadora, al negarse a ceder las acciones de La Razón.
El 8 de marzo de 1977, Camps y Etchecolatz desencadenaron el “Operativo Amigo”, un nombre acuñado indudablemente en venganza contra un banquero que los burlara vinculándose con los Montoneros, haciéndose pasar por devoto de la religión dictatorial. Ese día raptaron a Juan Graiver, padre de David. El 14 de marzo le llegó el turno a Lidia Papaleo y a sus dos secretarias, Silvia Fanjul y Lidia Angarola. Las capturas de Isidoro, el hermano de David, y de Eva, la madre de ambos, se concretaron el 17 de marzo. Sin transición los sucedieron otras personas tenidas por cercanas o relacionadas con la aventura financiera de Graiver. Jorge Rubinstein, segundo al mando en vida de David, sucumbió en la tortura. Edgardo Sajón, otrora alto cargo de la precedente dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, fue abatido en la clandestinidad.
El 19 de abril de 1977, a los desaparecidos hacía un mes “por izquierda”, se los blanqueó “por derecha”, en una teatral conferencia de prensa de la cúpula del Ejército, entrándole publicamente al saqueo del conjunto de sus pertenencias. Videla, Viola, y los generales Luciano Adolfo Jáuregui, jefe de Operaciones, y Carlos Alberto Martínez, jefe de Inteligencia, asumieron los prisioneros, y tildaron post mortem a David Graiver de “subversivo” y “corrupto”. Las confesiones de los suyos arrancadas bajo apremios ilegales en campos de concentración fueron recicladas como declaraciones en sede policial, siendo legitimadas por Martín Berruezo, un subcomisario instructor. Le dio cobertura de secretario el oficial subinspector Juan José Fantozzi.
Retomó esos papeles el general de brigada Oscar Bartolomé Gallino, quien el 27 de mayo de 1977, sobre la base de directivas resueltas por sus superiores de facto, elevó los resultados de su “prevención” al general Carlos Guillermo Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército. En 35 carillas historió la versión castrense de lo sucedido y puso a disposición del Poder Ejecutivo a 24 personas. El teniente coronel Alberto A. Spangenberg, asesor jurídico de esa comandancia, elaboró el dictamen 19.536, fundamentando en 13 folios la incriminación de “asociación ilícita” y “encubrimiento”.
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CARTA ABIERTA AL GENERAL BRINZONI
Al Señor
General Ricardo Brinzoni:
...Presente
He recibido su atenta invitación a disertar en el XIer Curso de Comunicación Institucional a desarrollarse en el Estado Mayor General. Debo confesarle que el solo hecho de recibir una carta del Ejercito me ha causado un profundo estremecimiento. La última vez que la institución que se encuentra hoy bajo su mando se comunicó con mi familia fue en 1977 en una misiva dirigida a mi madre en la cual se justificaba el confinamiento de su esposo porque a consideración del Ejército se trataba de "un miembro de la subversión". Hay poco que usted desconozca y yo pueda agregarle sobre los sufrimientos e injusticias que mi padre padeció desde la noche en que un grupo de personas violentaron nuestro domicilio identificándose como miembros del Ejército en Operaciones y procedieron a secuestrarlo. Seguramente fueron similares a las que debieron sobrellevar los miles de secuestrados ilegalmente. Mi padre fue torturado, le practicaron falsos fusilamientos, lo humillaron, tuvo que presenciar violaciones y torturas de otros prisioneros. A todo eso hay que agregarle que por tratarse de un judío debió soportar, además, que las sesiones de torturas fueran acompañadas por himnos nazis y se burlasen mientras lo picaneaban en el pene circuncidado. En fin, todas las injurias típicas de las bestias antisemitas. También durante horas el entonces coronel Ramón Camps junto a otros oficiales del Ejército lo interrogaban sobre los "siniestros planes sionistas para apoderarse de la Argentina" en una habitación cuyo único "adorno" era un retrato de Adolfo Hitler. Pero en cambio si puedo ilustrarlo sobre un aspecto que tal vez intuya pero no conozca en profundidad. El sufrimiento de mi madre. La humillación de una mujer tratando de encontrar a su marido en los laberintos de la muerte. Recuerdo un día en que fue recibida por el Coronel Ruiz Palacios quien, ante su llanto, le dijo burlonamente: "las mujeres argentinas no lloran". Para el oficial del ejército si mi madre lloraba era por judía. Es verdad, mi madre lloró mucho, y también luchó mucho. No dejó de hacer nada de lo que estaba a su alcance pero nunca sintió que sus actos reflejaban una valentía que no poseía. Vivía aterrada. De noche se despertaba con pesadillas y sus gritos eran desgarradores. Lamentablemente, mi madre nunca pudo recuperarse. Desde aquellos años la invadió una profunda pena, una tristeza que jamás la abandonó hasta su temprana muerte. Señor general usted me invita a disertar frente a miembros del Ejército. Me coloca en una difícil situación. No puedo aceptar y no lo puedo hacer porque para concurrir yo debería antes perdonar los padecimientos que el Ejército le ocasionó a mis padres. Inclusive mi participación en dicho evento podría inducir a los victimarios a sentir que mi presencia borra sus culpas y confundir a potenciales asesinos que con el tiempo se olvidan los crímenes. Me asusta la idea que mi presencia pueda, aun parcialmente, convertirme en cómplice de futuras violaciones a los derechos humanos. Pag. 2 Yo no puedo perdonar en nombre de mis padres. ¿Quién está autorizado para hablar en nombre de las víctimas?. Ni siquiera Dios puede obrar de tal manera. Tal como dice la Ley Judía: A los pecados contra Dios, en el Día de la Expiación les otorgará el perdón. A los pecados contra nuestros vecinos, el Día de la Expiación no les concederá nada hasta que no hayan sido perdonados por ellos". Su considerada invitación también podría inducirme a pensar que indica que el Ejército se ha arrepentido del sufrimiento infligido a mis padres. Sin embrago, el gran sabio Moshé Maimonides nos enseña que solo podemos conocer el auténtico arrepentimiento de una persona si el penitente se encuentra en la misma situación en la que estaba cuando pecó y entonces se abstiene de volver a repetirlo. El tema del perdón es siempre difícil y no quisiera que usted vea en mi postura la búsqueda de venganza. Ni tampoco es fruto de una improcedente altivez. Nada más alejado de mi forma de pensar. Simplemente no quiero pecar de una generosidad que no me corresponde. Ni de una magnanimidad que no merezco practicar. Los rabinos nos dicen que "aquel que sea misericordioso con el cruel sentirá indiferencia por el inocente". Comprenderá entonces que no puedo comportarme de tal manera con mis padres. Tampoco en el plano político me es posible ser indiferente a los hechos que padecieron mis padres. Comparto lo expresado por el diplomático bosnio, Sven Alkalaj, sobre el tema de la reconciliación: "No me cansaré de afirmar que es absolutamente necesario que exista un castigo para los culpables y un cierto grado de justicia para considerar la posibilidad de que se obre el perdón o la reconciliación. Si el genocidio queda impune, sentará un precedente para genocidios futuros. Sin justicia nunca podrá haber reconciliación ni auténtica paz". El perdón es una decisión que solo pertenece al perjudicado pero mis padres no pueden expresar opinión alguna ya que ambos han fallecido sin que nadie de la institución que usted comanda se haya acercado a ellos expresando su arrepentimiento. Como usted podrá apreciar le he otorgado a su carta una importancia significativa. Mi obligación de rechazar su invitación ha servido al menos para que conozca algunas de las reflexiones que a través de los años he encontrado en la búsqueda de respuestas a un tema tan difícil. El dilema del perdón aparece en forma constante en los textos bíblicos y en las interpretaciones de nuestros sabios, de nuestros profetas, y de nuestros maestros. Justamente, a mis maestros he concurrido para consultarlos si existe alguna forma por la cual alguien le pida perdón a una persona fallecida. Gracias a Dios la hay. Y yo estoy más que dispuesto a ayudar al Ejército a poder recibir el perdón de mis padres en el caso que deseen solicitarlo. De acuerdo con la Halajá (Ley Judía) el ofensor debe expresar su pedido de perdón frente a la tumba del ofendido. Si usted, en nombre del Ejército, desea obrar de tal manera será para mi un deber moralmente indeclinable acompañarlo, y luego invitarlo a leer en forma fraternal los salmos de alabanza que los judíos recitamos frente a las tumbas de nuestros seres queridos.
El 8 de marzo de 1977 Isidoro Graiver aceptó ante el juez Fernando Zavalía que el desaparecido David le había confesado que para dominar el paquete mayoritario de Papel Prensa le había dicho que "conseguiría una guita jodida" que apareció luego que era del grupo subversivo y muchos creen que provino del secuestro de los hermanos Born porque implicaba mucho dinero, 17.000.000 de dólares. Otros declarantes, caso Rubistein, manifestó ante los militares que sabía que esa deuda de 17.000.000 de dólares era con los montoneros que le exigían el pago a Lidia Papaleo, hija de Juan Graiver, por eso también Firmenich cuando fue detenido en Brasil dijo "Papel Prensa nos pertenece (a los montoneros)", o sea el dinero público por un lado, vía exenciones impositivas, el "fondo" con recargo de importación que le hicieron pagar a todos los diarios y un grupo subversivo, realizando secuestros extorsivos, erigieron la planta Papel Prensa en la localidad bonaerense de San Pedro que luego recibieron casi gratuitamente los que hoy la tienen, "Clarín" y "La Nación".cretaría General del Ejército. Pasábamos momentos muy gratos y se conversaba con absoluta libertad".
CARTA ABIERTA AL GENERAL BRINZONI
Al Señor
General Ricardo Brinzoni:
...Presente
He recibido su atenta invitación a disertar en el XIer Curso de Comunicación Institucional a desarrollarse en el Estado Mayor General. Debo confesarle que el solo hecho de recibir una carta del Ejercito me ha causado un profundo estremecimiento. La última vez que la institución que se encuentra hoy bajo su mando se comunicó con mi familia fue en 1977 en una misiva dirigida a mi madre en la cual se justificaba el confinamiento de su esposo porque a consideración del Ejército se trataba de "un miembro de la subversión". Hay poco que usted desconozca y yo pueda agregarle sobre los sufrimientos e injusticias que mi padre padeció desde la noche en que un grupo de personas violentaron nuestro domicilio identificándose como miembros del Ejército en Operaciones y procedieron a secuestrarlo. Seguramente fueron similares a las que debieron sobrellevar los miles de secuestrados ilegalmente. Mi padre fue torturado, le practicaron falsos fusilamientos, lo humillaron, tuvo que presenciar violaciones y torturas de otros prisioneros. A todo eso hay que agregarle que por tratarse de un judío debió soportar, además, que las sesiones de torturas fueran acompañadas por himnos nazis y se burlasen mientras lo picaneaban en el pene circuncidado. En fin, todas las injurias típicas de las bestias antisemitas. También durante horas el entonces coronel Ramón Camps junto a otros oficiales del Ejército lo interrogaban sobre los "siniestros planes sionistas para apoderarse de la Argentina" en una habitación cuyo único "adorno" era un retrato de Adolfo Hitler. Pero en cambio si puedo ilustrarlo sobre un aspecto que tal vez intuya pero no conozca en profundidad. El sufrimiento de mi madre. La humillación de una mujer tratando de encontrar a su marido en los laberintos de la muerte. Recuerdo un día en que fue recibida por el Coronel Ruiz Palacios quien, ante su llanto, le dijo burlonamente: "las mujeres argentinas no lloran". Para el oficial del ejército si mi madre lloraba era por judía. Es verdad, mi madre lloró mucho, y también luchó mucho. No dejó de hacer nada de lo que estaba a su alcance pero nunca sintió que sus actos reflejaban una valentía que no poseía. Vivía aterrada. De noche se despertaba con pesadillas y sus gritos eran desgarradores. Lamentablemente, mi madre nunca pudo recuperarse. Desde aquellos años la invadió una profunda pena, una tristeza que jamás la abandonó hasta su temprana muerte. Señor general usted me invita a disertar frente a miembros del Ejército. Me coloca en una difícil situación. No puedo aceptar y no lo puedo hacer porque para concurrir yo debería antes perdonar los padecimientos que el Ejército le ocasionó a mis padres. Inclusive mi participación en dicho evento podría inducir a los victimarios a sentir que mi presencia borra sus culpas y confundir a potenciales asesinos que con el tiempo se olvidan los crímenes. Me asusta la idea que mi presencia pueda, aun parcialmente, convertirme en cómplice de futuras violaciones a los derechos humanos. Pag. 2 Yo no puedo perdonar en nombre de mis padres. ¿Quién está autorizado para hablar en nombre de las víctimas?. Ni siquiera Dios puede obrar de tal manera. Tal como dice la Ley Judía: A los pecados contra Dios, en el Día de la Expiación les otorgará el perdón. A los pecados contra nuestros vecinos, el Día de la Expiación no les concederá nada hasta que no hayan sido perdonados por ellos". Su considerada invitación también podría inducirme a pensar que indica que el Ejército se ha arrepentido del sufrimiento infligido a mis padres. Sin embrago, el gran sabio Moshé Maimonides nos enseña que solo podemos conocer el auténtico arrepentimiento de una persona si el penitente se encuentra en la misma situación en la que estaba cuando pecó y entonces se abstiene de volver a repetirlo. El tema del perdón es siempre difícil y no quisiera que usted vea en mi postura la búsqueda de venganza. Ni tampoco es fruto de una improcedente altivez. Nada más alejado de mi forma de pensar. Simplemente no quiero pecar de una generosidad que no me corresponde. Ni de una magnanimidad que no merezco practicar. Los rabinos nos dicen que "aquel que sea misericordioso con el cruel sentirá indiferencia por el inocente". Comprenderá entonces que no puedo comportarme de tal manera con mis padres. Tampoco en el plano político me es posible ser indiferente a los hechos que padecieron mis padres. Comparto lo expresado por el diplomático bosnio, Sven Alkalaj, sobre el tema de la reconciliación: "No me cansaré de afirmar que es absolutamente necesario que exista un castigo para los culpables y un cierto grado de justicia para considerar la posibilidad de que se obre el perdón o la reconciliación. Si el genocidio queda impune, sentará un precedente para genocidios futuros. Sin justicia nunca podrá haber reconciliación ni auténtica paz". El perdón es una decisión que solo pertenece al perjudicado pero mis padres no pueden expresar opinión alguna ya que ambos han fallecido sin que nadie de la institución que usted comanda se haya acercado a ellos expresando su arrepentimiento. Como usted podrá apreciar le he otorgado a su carta una importancia significativa. Mi obligación de rechazar su invitación ha servido al menos para que conozca algunas de las reflexiones que a través de los años he encontrado en la búsqueda de respuestas a un tema tan difícil. El dilema del perdón aparece en forma constante en los textos bíblicos y en las interpretaciones de nuestros sabios, de nuestros profetas, y de nuestros maestros. Justamente, a mis maestros he concurrido para consultarlos si existe alguna forma por la cual alguien le pida perdón a una persona fallecida. Gracias a Dios la hay. Y yo estoy más que dispuesto a ayudar al Ejército a poder recibir el perdón de mis padres en el caso que deseen solicitarlo. De acuerdo con la Halajá (Ley Judía) el ofensor debe expresar su pedido de perdón frente a la tumba del ofendido. Si usted, en nombre del Ejército, desea obrar de tal manera será para mi un deber moralmente indeclinable acompañarlo, y luego invitarlo a leer en forma fraternal los salmos de alabanza que los judíos recitamos frente a las tumbas de nuestros seres queridos.
Montoneros de Papel:
EL DINERO DE LOS MONTONEROS EN PAPEL PRENSA.
Papel Prensa, es una sociedad que controla el monopolio ( ClARIN ) de papel de “diario”, éstos documentos demuestran como se financió con dinero de los secuestros de los herman ... ...os Born entre otros:
En dichoS documentos se pueden apreciar los puntos principales del dictamen final de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, donde hace referencia de como el Grupo Graiver invirtió dinero de los montoneros en Papel Prensa.
Después de muerto, y en extrañas circunstancias, casualmente en México, se realizó una reunión entre los representantes de los tres Diarios: Clarín, La Nación y la Razón, (y la sucesión... del grupo Graiver).
En representación del grupo Graiver estuvo presente Isidoro Graiver. Y en representacióin de los “Diarios”.... Bernardo Sofovich y Patricio Peralta Ramos.
Finalmente, las conclusiones del Fiscal Ricardo Molinas:
1°.- Que el denominado Grupo Graiver, encabezado por David Graiver, adquirió entre 1973 y 1976 el control societario Grupo “A” de Papel Prensa S.A., empleando testaferros.
(Foto del libro de Patricio Kelly Noble Imperio Corrupto")
2°.- Que la organización Montoneros entregó a David Graiver inmediatamente después de la liberación, previo pago de rescate, de los hermanos Born, una suma de dinero superior a los US$ 10.000.000 y que, contemporáneamente con dicha entrega, David Graiver compró a su nombre o a nombre de integrantes del Grupo Graiver los paquetes mayoritarios, entre otras empresas, de Papel Prensa S.A.-
3°.- Que la Junta de comandantes, integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo E. Massera y Orlando R. Agosti, máxima autoridad de ipso del país a fines de 1976, a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros, autorizó al Grupo Graiver a transferir las acciones grupo “A” a los periódicos “Clarín”, “La Nación”, y “La Razón” apenas un mes antes de su detención, desaparición e interdicción de aquellos, ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción queda concretada, lo cual constituye, “prima facie”, el delito de encubrimiento por omisión de denuncia.
Por último, entre las recomendaciones, la Fiscalía, en 1988 sugirió:
“Promover y asumir el ejercicio de la acción pública por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, en turno de ésta Capital, contra los representantes estatales BANADE a la época de la Comisión de los hechos imputados, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado”. //
Isidoro Graiver, banquero de la subversion argentina, y estafador internacional , se domicilia en Alfonso XI,7 4º (28014) Madrid TE (34-1) 522-7457 begin_of_the_skype_highlighting (34-1) 522-7457 end_of_the_skype_highlighting Fax (34-1) 523-5856 pueden escribirle a graiver@santandersupernet.com.
______
Durante el periodo dictatorial, este sector económico aprovecha su relación con los militares para realizar toda clase de corruptelas y el personaje que identifica este tipo de conducta fue nada más y nada menos que David Graiver, hombre de negocios bien relacionado, primero con los peronistas y posteriormente con los militares. Los fraudes de Graiver cruzaron las fronteras de Argentina y las autoridades de Bélgica, Francia y Estados Unidos solicitaron su captura. Graiver fue dado por muerto en un misterioso accidente aéreo; nunca se encontraron rastros de su cadáver. Pero en este periodo había muchos Graiver entronizados en el poder.
( REBELION.ORG) En 1976, Ernestina Herrera adoptó a sus dos hijos. Los expedientes investigados un cuarto de siglo más tarde por el juez Marquevich por denuncia de las Abuelas son un catálogo de irregularidades. Según el periodista Héctor Timerman, Rogelio Frigerio le contó a su padre que se trató de una transacción económica que él mismo organizó, pero que nunca tuvo motivos para pensar que los chicos pudieran ser hijos de detenidos-desaparecidos. No es extraño, ya que Frigerio fue uno de los dirigentes políticos que con mayor entusiasmo defendió a la dictadura y sus crímenes. El 24 de marzo de 1977 afirmó que la presencia militar en el gobierno garantizaba un mecanismo de poder "genuinamente democrático, sensible a los intereses y las aspiraciones de las masas" (sic) y que no podían desvincularse los derechos humanos "de la acción subversiva, como hacían quienes promovían desde el exterior campañas en contra de la Argentina".
Tres meses antes, la Junta Militar había obligado a los herederos de David Graiver a desprenderse de sus acciones en la primera fábrica argentina de papel para diarios, que fueron adquiridas a bajo precio por Clarín, La Nación y La Razón. En 1981, los mismos métodos persuasivos fueron empleados por la dictadura para forzar el alejamiento del diario de la conducción frigerista, pero no la de Magneto. En mayo de este año, el ex dictador Benito Bignone dirigió una carta a Clarín en la que recordó con amargura que durante su desempeño como Secretario General del Ejército era invitado "a almuerzos en la redacción del diario a los que concurría con mis colaboradores. Por supuesto esos ágapes eran correspondidos con otros similares en la sede de la SePapel Prensa comenzó su vida el 11 de agosto de 1969 por un Decreto Ley Nº 18.312/69 del gobierno de facto del genera ...l Juan Carlos Onganía. Se creó un "fondo para la producción de papel". Otro decreto del mismo año, el 4.400/69, llamó a concurso internacional para licitar plantas de papel. Papel Prensa, hoy exclusivamente de dos diarios, "Clarín" y "La Nación", fue pagada por los aproximadamente 120 diarios del país a partir del 1 de agosto de 1970 al pagar una contribución obligatoria extra de 10% a la importación de papel de diario para crear ese fondo que fijó el mencionado decreto 4.400/69.
Por otro decreto, el 43/71 de 1971, del mismo gobierno militar, pero ya en época en que presidía el país el general Marcelo Levingston, se llamó a la licitación para las plantas. Se preveía una o más fábricas productivas de 340.000 toneladas para proveer a todos los diarios del país que ni hoy, treinta años después, se alcanzó en esa cifra de producción, fundamentalmente porque se desvirtuó el propósito de 1969 y abastece básicamente a sólo dos diarios. Se presentó a la licitación una sola firma formada por César Civita y sus socios César Doretti y Luis Rey, todos de Editorial Abril de esa época que editaba revistas como "Claudia", "Siete Días", "Panorama" y otras. La presentación se hizo sin cumplir los requisitos del pliego de licitación, por lo cual al año siguiente el entonces presidente de la Nación, también de facto, general Alejandro Lanusse, rechazó la propuesta de Editorial Abril por decreto 1.309/72, pero ahí se autorizó, en el equivalente a una "contratación directa" no conforme a la ley argentina, a Papel Prensa SA en formación a levantar una planta de menor producción final en zona bonaerense con la garantía de Editorial Abril.
El 6 de octubre de 1972 por decreto 6.959/72 se aprobó el contrato con la recién fundada Papel Prensa. Allí se fijaban síndicos aprobados por asamblea de accionistas pero propuestos desde el Estado. Además, el decreto obligó al ex Banco Nacional de Desarrollo a extender garantías a Papel Prensa por 20.500.000 dólares de ese entonces además de numerosas exenciones impositivas. "El Poder Ejecutivo excedió las facultades conferidas por la ley de contabilidad y el decreto reglamentario para la contratación directa", dictaminó en su famoso juzgamiento de Papel Prensa el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Ricardo Molinas, años después, en 1988.
El contrato que se estableció entre el Estado y Papel Prensa SA, aprobado por el decreto 6.956/72 establecía clases de acciones y que algunas podían transferirse pero no las "A" del "Grupo Fundador". El 26 de diciembre de 1973 el socio Luis Rey adquiere la totalidad de las acciones a los restantes encabezados por Civita y ese mismo día pasan al grupo Graiver (fundamentado en galería Da Vinci y Rafael Ianover) porque Rey era mero testaferro. Aquí se cometió otra violación porque se transfirió a un tercero ajeno el paquete accionario vía el testaferro Rey. Con David Graiver continúa la construcción de la planta y aporte de capitales hasta que éste muere el 9 de setiembre de 1976 en un misterioso accidente aéreo en México cuando era investigado como financista del grupo subversivo Montoneros por los militares que habían tomado el poder seis meses antes de su presunto deceso. Nueve días después de esta muerte o "desaparición" se pelean los testaferros de Graiver en Papel Prensa y es allí cuando la clase "A" de acciones de la empresa pasa a los diarios "La Nación", "La Razón" y "Clarín" (también fue convocada "La Prensa" de Máximo Gaínza, pero no aceptó) por un misterioso acuerdo extrajudicial reconociendo derechos a Luis Rey del "grupo fundador" y posteriormente testaferro de David Graiver.
EL DINERO DE LOS MONTONEROS EN PAPEL PRENSA.
Papel Prensa, es una sociedad que controla el monopolio ( ClARIN ) de papel de “diario”, éstos documentos demuestran como se financió con dinero de los secuestros de los herman ... ...os Born entre otros:
En dichoS documentos se pueden apreciar los puntos principales del dictamen final de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, donde hace referencia de como el Grupo Graiver invirtió dinero de los montoneros en Papel Prensa.
Después de muerto, y en extrañas circunstancias, casualmente en México, se realizó una reunión entre los representantes de los tres Diarios: Clarín, La Nación y la Razón, (y la sucesión... del grupo Graiver).
En representación del grupo Graiver estuvo presente Isidoro Graiver. Y en representacióin de los “Diarios”.... Bernardo Sofovich y Patricio Peralta Ramos.
Finalmente, las conclusiones del Fiscal Ricardo Molinas:
1°.- Que el denominado Grupo Graiver, encabezado por David Graiver, adquirió entre 1973 y 1976 el control societario Grupo “A” de Papel Prensa S.A., empleando testaferros.
(Foto del libro de Patricio Kelly Noble Imperio Corrupto")
2°.- Que la organización Montoneros entregó a David Graiver inmediatamente después de la liberación, previo pago de rescate, de los hermanos Born, una suma de dinero superior a los US$ 10.000.000 y que, contemporáneamente con dicha entrega, David Graiver compró a su nombre o a nombre de integrantes del Grupo Graiver los paquetes mayoritarios, entre otras empresas, de Papel Prensa S.A.-
3°.- Que la Junta de comandantes, integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo E. Massera y Orlando R. Agosti, máxima autoridad de ipso del país a fines de 1976, a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros, autorizó al Grupo Graiver a transferir las acciones grupo “A” a los periódicos “Clarín”, “La Nación”, y “La Razón” apenas un mes antes de su detención, desaparición e interdicción de aquellos, ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción queda concretada, lo cual constituye, “prima facie”, el delito de encubrimiento por omisión de denuncia.
Por último, entre las recomendaciones, la Fiscalía, en 1988 sugirió:
“Promover y asumir el ejercicio de la acción pública por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, en turno de ésta Capital, contra los representantes estatales BANADE a la época de la Comisión de los hechos imputados, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado”. //
Isidoro Graiver, banquero de la subversion argentina, y estafador internacional , se domicilia en Alfonso XI,7 4º (28014) Madrid TE (34-1) 522-7457 begin_of_the_skype_highlighting (34-1) 522-7457 end_of_the_skype_highlighting Fax (34-1) 523-5856 pueden escribirle a graiver@santandersupernet.com.
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Durante el periodo dictatorial, este sector económico aprovecha su relación con los militares para realizar toda clase de corruptelas y el personaje que identifica este tipo de conducta fue nada más y nada menos que David Graiver, hombre de negocios bien relacionado, primero con los peronistas y posteriormente con los militares. Los fraudes de Graiver cruzaron las fronteras de Argentina y las autoridades de Bélgica, Francia y Estados Unidos solicitaron su captura. Graiver fue dado por muerto en un misterioso accidente aéreo; nunca se encontraron rastros de su cadáver. Pero en este periodo había muchos Graiver entronizados en el poder.
( REBELION.ORG) En 1976, Ernestina Herrera adoptó a sus dos hijos. Los expedientes investigados un cuarto de siglo más tarde por el juez Marquevich por denuncia de las Abuelas son un catálogo de irregularidades. Según el periodista Héctor Timerman, Rogelio Frigerio le contó a su padre que se trató de una transacción económica que él mismo organizó, pero que nunca tuvo motivos para pensar que los chicos pudieran ser hijos de detenidos-desaparecidos. No es extraño, ya que Frigerio fue uno de los dirigentes políticos que con mayor entusiasmo defendió a la dictadura y sus crímenes. El 24 de marzo de 1977 afirmó que la presencia militar en el gobierno garantizaba un mecanismo de poder "genuinamente democrático, sensible a los intereses y las aspiraciones de las masas" (sic) y que no podían desvincularse los derechos humanos "de la acción subversiva, como hacían quienes promovían desde el exterior campañas en contra de la Argentina".
Tres meses antes, la Junta Militar había obligado a los herederos de David Graiver a desprenderse de sus acciones en la primera fábrica argentina de papel para diarios, que fueron adquiridas a bajo precio por Clarín, La Nación y La Razón. En 1981, los mismos métodos persuasivos fueron empleados por la dictadura para forzar el alejamiento del diario de la conducción frigerista, pero no la de Magneto. En mayo de este año, el ex dictador Benito Bignone dirigió una carta a Clarín en la que recordó con amargura que durante su desempeño como Secretario General del Ejército era invitado "a almuerzos en la redacción del diario a los que concurría con mis colaboradores. Por supuesto esos ágapes eran correspondidos con otros similares en la sede de la SePapel Prensa comenzó su vida el 11 de agosto de 1969 por un Decreto Ley Nº 18.312/69 del gobierno de facto del genera ...l Juan Carlos Onganía. Se creó un "fondo para la producción de papel". Otro decreto del mismo año, el 4.400/69, llamó a concurso internacional para licitar plantas de papel. Papel Prensa, hoy exclusivamente de dos diarios, "Clarín" y "La Nación", fue pagada por los aproximadamente 120 diarios del país a partir del 1 de agosto de 1970 al pagar una contribución obligatoria extra de 10% a la importación de papel de diario para crear ese fondo que fijó el mencionado decreto 4.400/69.
Por otro decreto, el 43/71 de 1971, del mismo gobierno militar, pero ya en época en que presidía el país el general Marcelo Levingston, se llamó a la licitación para las plantas. Se preveía una o más fábricas productivas de 340.000 toneladas para proveer a todos los diarios del país que ni hoy, treinta años después, se alcanzó en esa cifra de producción, fundamentalmente porque se desvirtuó el propósito de 1969 y abastece básicamente a sólo dos diarios. Se presentó a la licitación una sola firma formada por César Civita y sus socios César Doretti y Luis Rey, todos de Editorial Abril de esa época que editaba revistas como "Claudia", "Siete Días", "Panorama" y otras. La presentación se hizo sin cumplir los requisitos del pliego de licitación, por lo cual al año siguiente el entonces presidente de la Nación, también de facto, general Alejandro Lanusse, rechazó la propuesta de Editorial Abril por decreto 1.309/72, pero ahí se autorizó, en el equivalente a una "contratación directa" no conforme a la ley argentina, a Papel Prensa SA en formación a levantar una planta de menor producción final en zona bonaerense con la garantía de Editorial Abril.
El 6 de octubre de 1972 por decreto 6.959/72 se aprobó el contrato con la recién fundada Papel Prensa. Allí se fijaban síndicos aprobados por asamblea de accionistas pero propuestos desde el Estado. Además, el decreto obligó al ex Banco Nacional de Desarrollo a extender garantías a Papel Prensa por 20.500.000 dólares de ese entonces además de numerosas exenciones impositivas. "El Poder Ejecutivo excedió las facultades conferidas por la ley de contabilidad y el decreto reglamentario para la contratación directa", dictaminó en su famoso juzgamiento de Papel Prensa el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Ricardo Molinas, años después, en 1988.
El contrato que se estableció entre el Estado y Papel Prensa SA, aprobado por el decreto 6.956/72 establecía clases de acciones y que algunas podían transferirse pero no las "A" del "Grupo Fundador". El 26 de diciembre de 1973 el socio Luis Rey adquiere la totalidad de las acciones a los restantes encabezados por Civita y ese mismo día pasan al grupo Graiver (fundamentado en galería Da Vinci y Rafael Ianover) porque Rey era mero testaferro. Aquí se cometió otra violación porque se transfirió a un tercero ajeno el paquete accionario vía el testaferro Rey. Con David Graiver continúa la construcción de la planta y aporte de capitales hasta que éste muere el 9 de setiembre de 1976 en un misterioso accidente aéreo en México cuando era investigado como financista del grupo subversivo Montoneros por los militares que habían tomado el poder seis meses antes de su presunto deceso. Nueve días después de esta muerte o "desaparición" se pelean los testaferros de Graiver en Papel Prensa y es allí cuando la clase "A" de acciones de la empresa pasa a los diarios "La Nación", "La Razón" y "Clarín" (también fue convocada "La Prensa" de Máximo Gaínza, pero no aceptó) por un misterioso acuerdo extrajudicial reconociendo derechos a Luis Rey del "grupo fundador" y posteriormente testaferro de David Graiver.
El 8 de marzo de 1977 Isidoro Graiver aceptó ante el juez Fernando Zavalía que el desaparecido David le había confesado que para dominar el paquete mayoritario de Papel Prensa le había dicho que "conseguiría una guita jodida" que apareció luego que era del grupo subversivo y muchos creen que provino del secuestro de los hermanos Born porque implicaba mucho dinero, 17.000.000 de dólares. Otros declarantes, caso Rubistein, manifestó ante los militares que sabía que esa deuda de 17.000.000 de dólares era con los montoneros que le exigían el pago a Lidia Papaleo, hija de Juan Graiver, por eso también Firmenich cuando fue detenido en Brasil dijo "Papel Prensa nos pertenece (a los montoneros)", o sea el dinero público por un lado, vía exenciones impositivas, el "fondo" con recargo de importación que le hicieron pagar a todos los diarios y un grupo subversivo, realizando secuestros extorsivos, erigieron la planta Papel Prensa en la localidad bonaerense de San Pedro que luego recibieron casi gratuitamente los que hoy la tienen, "Clarín" y "La Nación".cretaría General del Ejército. Pasábamos momentos muy gratos y se conversaba con absoluta libertad".
El 2 de noviembre de 1976, cuarenta días después de la presunta muerte de David Graiver (muchos creen que hizo figurar una muerte para eludir a los acreedores, sobre todo montoneros) se hizo el traspaso a los diarios de las acciones de Pape ...l Prensa sin haberse resuelto la cuestión hereditaria de Graiver. Los herederos objetaron el bajo precio a que la Junta Militar los obligó a entregar las acciones. ¿Que podían discutir si el mayor aporte provenía de la subversión? La entrega física del paquete accionario se concretó el 18 de enero de 1977. Luego de ceder el dominio de Papel Prensa los miembros del Grupo Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes para que no hubiera reclamo sobre los herederos que afectara la tenencia lograda por "Clarín" y sus socios. El general Ramón Camps, jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires durante el proceso militar, efectuó las detenciones. Los herederos de Graiver ni siquiera llegaron a cobrar el saldo de precio de la cesión accionario por "desaparición de acreedores" según constató el fiscal Ricardo Molinas. O sea, el Estado por medio de la Junta Militar se comprometió en maniobras no jurídicas ni siquiera en lo poco jurídico -por caso violaron el artículo 277 del Código Penal, dijo el fiscal Molinas- que regía en esta época. La Junta Militar llegó hasta ocultar la relación Graiver-Papel Prensa hasta después de ceder las acciones a los tres diarios. Por un poco de vergüenza los militares impusieron a "Clarín", "La Nación" y "La Razón" a que ofrecieran a los demás diarios del país el 49% de Papel Prensa algo que, obviamente, nunca se concretó.
Pero aparte de tanta anomalía los militares hicieron que el Estado le financiara la adquisición a los dos diarios - aparte de lo que les regalaba- con dos préstamos obtenidos del Banco Español del Río de la Plata y del Banco Holandés Unido, sucursal Ginebra, por un total de 7.200.000 dólares a sola firma y sin aval ni otras garantías, obviamente porque el gobierno militar que lo gestionó las brindaba de hecho.
Héctor Magnetto, del monopolio Clarín, en 1988 dijo verbalmente al fiscal Molinas que lo investigaba, que el préstamo tenía el aval de una papelera internacional pero se negó a ratificarlo por escrito cuando se lo pidió el mismo fiscal magistrado. Más aún: el pago de los créditos a los dos bancos mencionados los hicieron "Clarín" y "La Nación" con "diferimientos impositivos" o sea que también esto, aparte del "fondo" y todas las exenciones, lo pagó la ciudadanía.
Por eso en su dictamen Molinas terminó pidiendo "Acción pública contra los miembros de las Juntas Militares intervinientes y del secretario de Desarrollo Industrial de ese entonces, Raimundo Podestá, y del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Posteriormente, ya en los años '80, el diario "La Razón", de la familia Peralta Ramos, entró en una caída vertical y terminó en quiebra que fue a manos de un juez cuyo nombre trascendió a conocimiento público, Héctor Foiguel López. Este magistrado le vendió a "Clarín" la parte accionaria en Papel Prensa de "La Razón" que era el único activo valioso de esa quiebra. La decisión de Foiguel López fue tratada por la Cámara de Apelaciones que dijo que el traspaso se hizo a "precio vil" y, además le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que tramitara el juicio político para Foiguel López. La Corte analizó el caso, estableció que hubo "graves irregularidades" y le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación el juicio político de Foiguel López por "la convicción inequívoca" -expresó la Corte- de una conducta grave y llama al juez "magistrado indigno". Llegado el pedido de juicio político a la Cámara de Diputados fue manipulado hábilmente por "Clarín", como es su costumbre cuando de legisladores se trata, y sorpresivamente un ex diputado, Alberto Balestrini (hoy senador provincial bonaerense), terminó proponiendo no el juicio político a Foiguel López, solicitado por la Corte Suprema sino hacérselo a los miembros de la Cámara de Apelaciones que había detectado la maniobra del magistrado. Era tan absurdo el juicio a los camaristas que todo quedó en la nada, pero también el juicio a Foiguel López que era lo que verdaderamente quería "Clarín", utilizando a legisladores. Poco después Foiguel López renunció como juez para pasar a vivir de sus rentas. Así fue como en Papel Prensa quedaron asociados "Clarín", "La Nación" y el Estado que es al que ahora se trataría también de sacarle la parte vía un pacto con un eventual gobierno frepasista a partir de 1999.
Pero aparte de tanta anomalía los militares hicieron que el Estado le financiara la adquisición a los dos diarios - aparte de lo que les regalaba- con dos préstamos obtenidos del Banco Español del Río de la Plata y del Banco Holandés Unido, sucursal Ginebra, por un total de 7.200.000 dólares a sola firma y sin aval ni otras garantías, obviamente porque el gobierno militar que lo gestionó las brindaba de hecho.
Héctor Magnetto, del monopolio Clarín, en 1988 dijo verbalmente al fiscal Molinas que lo investigaba, que el préstamo tenía el aval de una papelera internacional pero se negó a ratificarlo por escrito cuando se lo pidió el mismo fiscal magistrado. Más aún: el pago de los créditos a los dos bancos mencionados los hicieron "Clarín" y "La Nación" con "diferimientos impositivos" o sea que también esto, aparte del "fondo" y todas las exenciones, lo pagó la ciudadanía.
Por eso en su dictamen Molinas terminó pidiendo "Acción pública contra los miembros de las Juntas Militares intervinientes y del secretario de Desarrollo Industrial de ese entonces, Raimundo Podestá, y del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Posteriormente, ya en los años '80, el diario "La Razón", de la familia Peralta Ramos, entró en una caída vertical y terminó en quiebra que fue a manos de un juez cuyo nombre trascendió a conocimiento público, Héctor Foiguel López. Este magistrado le vendió a "Clarín" la parte accionaria en Papel Prensa de "La Razón" que era el único activo valioso de esa quiebra. La decisión de Foiguel López fue tratada por la Cámara de Apelaciones que dijo que el traspaso se hizo a "precio vil" y, además le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que tramitara el juicio político para Foiguel López. La Corte analizó el caso, estableció que hubo "graves irregularidades" y le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación el juicio político de Foiguel López por "la convicción inequívoca" -expresó la Corte- de una conducta grave y llama al juez "magistrado indigno". Llegado el pedido de juicio político a la Cámara de Diputados fue manipulado hábilmente por "Clarín", como es su costumbre cuando de legisladores se trata, y sorpresivamente un ex diputado, Alberto Balestrini (hoy senador provincial bonaerense), terminó proponiendo no el juicio político a Foiguel López, solicitado por la Corte Suprema sino hacérselo a los miembros de la Cámara de Apelaciones que había detectado la maniobra del magistrado. Era tan absurdo el juicio a los camaristas que todo quedó en la nada, pero también el juicio a Foiguel López que era lo que verdaderamente quería "Clarín", utilizando a legisladores. Poco después Foiguel López renunció como juez para pasar a vivir de sus rentas. Así fue como en Papel Prensa quedaron asociados "Clarín", "La Nación" y el Estado que es al que ahora se trataría también de sacarle la parte vía un pacto con un eventual gobierno frepasista a partir de 1999.
FIBERTEL O NO FIBERTE
Inexactitudes, falsedades y verdades a medias
–¿Qué posibilidades hay de pasar sin inconvenientes desde Fibertel a otro proveedor de internet?
–Todo indica que, si se cumpliera a rajatabla la decisión del Gobierno, habrá un millón de usuarios en serias dificultades. “En los últimos seis meses, la totalidad de las proveedoras de internet absorbieron a 200 mil nuevos usuarios. De modo que redistribuir en tres meses a un millón de usuarios no parece probable. Habría que distribuir nuevos modem, tender nuevas conexiones y sobre todo adaptar los soportes técnicos, habituados a no más de 30 mil consultas por mes.”
Inexacto. La demanda fue de 200 mil usuarios pero la capacidad tecnológica de oferta es muy superior al millón que se necesitaría traspasar. Los nuevos modems, sean Adsl o cablemodem, serían distribuidos sin costo para el usuario, lo que el Gobierno dispondría en la reglamentación del traspaso en cumplimiento de la efectiva libertad de opción. Las conexiones ya existen , basta tener una línea telefónica fija en cada domicilio. Y los nodos concentradores estarían más aliviados al distribuirse entre varios prestadores.
–¿Qué pasa con las ciudades o poblaciones donde Fibertel tiene un solo competidor?
–Es uno de los aspectos más delicados de la decisión oficial, ya que son decenas las ciudades y pueblos donde Fibertel es la única competencia en internet frente a la telefónica de cada región.
Verdad a medias. A todo pueblo del interior llegan las redes telefónicas digitalizadas de Telecom y Telefónica, en forma directa o a través de cooperativas telefónicas. Eso permite a cualquier prestador de internet por más pequeño que sea, conectarse a las centrales para proveer acceso de banda ancha. Los viejos cables bifilares del siglo pasado que llegan a cualquier domicilio tienen ancho de banda técnico ilimitado y no pertenecen a las telefónicas sino al Estado Nacional. Las telefónicas son sólo operadoras del servicio telefónico y no pueden impedir el acceso de los usuarios con modem Adsl a cualquier proveedor de internet que tenga licencia.
–¿Cuáles son las ciudades o poblaciones donde sólo quedarían las telefónicas?
–Sin Fibertel, quedarían en situación de monopolio las telefónicas de Río Ceballos, Villa Carlos Paz, Laboulaye, Río Cuarto, San Francisco y Villa María (Córdoba), Chacabuco, Chivilcoy, Saladillo, Balcarce, Mar del Plata, Campana, Chascomús, Dolores, San Fernando y Tigre (Buenos Aires), Posadas (Misiones), Cañada de Gómez (Santa Fe), Cipoletti, y General Roca (Río Negro), entre otras.
Inexacto. El monopolio es sólo para el servicio telefónico y no para los servicios de internet. Cualquier proveedor puede brindar acceso a la web través de los mismos cables telefónicos, que son propiedad del Estado Nacional, sin tener que pagar peaje a los operadores telefónicos.
–¿Qué tipo de costos deberán pagar los usuarios para traspasarse de un proveedor de internet a otro?
Una correcta. Para Horacio Bersten, titular de la Unión de Defensa de los Consumidores, la disposición oficial no debe generar ningún costo de transferencia ni recargo alguno. “En estos 90 días se debe dictar una reglamentación que detalle cómo debe ser la migración desde el servicio de Fibertel hacia el que presta otra compañía. Desde el punto de vista de los usuarios, el Gobierno deberá garantizarles cómo seguir con un servicio de calidad, sin que se les genere un incremento en la tarifa.”
–¿Qué pasará con las direcciones de correo electrónico @fibertel.com.ar?
–De cumplirse la resolución oficial, junto con la empresa debería desaparecer este correo electrónico, que miles de usuarios utilizan como su correo principal porque tiene la doble ventaja de ser correo tipo pop (queda fijo en el Outlook de la computadora) o también como correo tipo web-mail, con las mismas prestaciones de, por ejemplo, gmail.
Falso. Lo que desaparece es la empresa Fibertel como proveedora de acceso a internet pero no los correos @fibertel. Precisamente por la facilidad de web-mail, cualquier proveedor puede transferir a su servidor de correo todos los fibertel siempre que el Gobierno a través de Nic. Ar, administradora de nombres de dominios nacionales en internet, mantenga el control las direcciones ip fijas asociadas a la ex Fibertel.
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